Este viernes 24 de abril recordamos el 111º aniversario del genocidio cometido contra el pueblo armenio. Nuestro país, a partir de la sanción de la Ley 26.199 en el año 2006, incorporó esta fecha al calendario oficial, no solo como una forma de reconocimiento, sino también como herramienta de una política de defensa de los derechos humanos.

Cuando hablamos del genocidio armenio nos referimos a la política de exterminio sistemático que llevó adelante el gobierno otomano y luego la República de Turquía entre 1915 y 1923, a la sombra de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Turquía moderna, cuyo saldo fue más de un millón y medio de víctimas. La fecha elegida para su conmemoración corresponde al arresto y ejecución de más de 300 dirigentes, intelectuales y artistas armenios en la ciudad de Estambul.

Con el objetivo de reconstruir el Imperio Otomano en dirección a Asia Central, y con lo que las autoridades turcas llamaban “súbditos más confiables”, se diseñó el aniquilamiento de todos los elementos que no fueran turquificables. El proceso incluyó matanzas indiscriminadas, caravanas de la muerte, robo de niños, violaciones, conversiones forzadas y apropiación de bienes. Después de la capitulación otomana en la guerra, el objetivo y el método se sostuvieron dentro de lo que a la brevedad sería la República de Turquía.

Durante y después del genocidio, y con particular fuerza a partir de 1965, los reclamos a la comunidad internacional y al Estado turco para que acepte su responsabilidad fueron constantes. Si bien el genocidio armenio es reconocido como tal por las Naciones Unidas desde 1985, y hoy ya son más de 30 los países que lo reconocen desde el primer antecedente de Uruguay en 1965, su responsable y perpetrador continúa negándolo.

El acto de negación acompaña a la práctica genocida desde su intencionalidad y planificación hasta la ejecución y justificación de las operaciones de exterminio. El negacionismo es parte integrante del proyecto genocida y, en el caso turco, es desde hace más de cien años una política de Estado.

El genocidio armenio no tuvo su juicio a las juntas ni sus juicios de Núremberg. La creación de la Turquía moderna, fundada sobre la sangre de armenios, griegos, asirios y otras minorías con absoluta impunidad, sentó las bases de nuevos crímenes. La falta de condena y castigo a sus perpetradores indudablemente alentó otros proyectos genocidas a lo largo del siglo XX. Al mismo tiempo, posibilitó el mantenimiento de la política negacionista del Estado turco y un nuevo genocidio armenio, esta vez en la República de Nagorno Karabaj, a manos del tándem turco-azerí y en pleno siglo XXI, continuando con el proyecto iniciado en 1915.

Es necesario recordar que el 27 de septiembre de 2020, durante la pandemia global de coronavirus, las fuerzas armadas de Azerbaiyán, con el apoyo directo de Turquía y mercenarios yihadistas, lanzaron un ataque a gran escala contra la República de Nagorno-Karabaj (Artsaj). Este ataque provocó una crisis humanitaria sin precedentes. Como resultado de la guerra de los 44 días, que finalizó el 10 de noviembre del mismo año con mediación de Rusia, las ciudades y los pueblos de Artsaj quedaron devastados, miles perdieron la vida y más de noventa mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Durante y después de esta guerra ilegal, Azerbaiyán violó principios fundamentales del Derecho Internacional, como la prohibición del uso de la fuerza para resolver controversias, y también normas del Derecho Internacional Humanitario y las Convenciones de Ginebra. La lista de crímenes cometidos por las fuerzas azeríes incluye el uso de armamento prohibido, como bombas de racimo, de terribles consecuencias para la población en asentamientos urbanos; fósforo blanco, que implicó una catástrofe ambiental para los bosques de Artsaj y sus habitantes; torturas y ejecuciones sumarias de civiles y prisioneros de guerra.

Desde la firma del alto el fuego en noviembre de 2020, las fuerzas azeríes continuaron atacando al pueblo de Artsaj por todos los medios posibles, disparando contra campesinos y trabajadores, atacando con morteros escuelas y hospitales, amenazando a sus habitantes con la muerte si no abandonaban sus hogares y cortando el suministro de gas en temperaturas bajo cero.

Finalmente, después de más de nueve meses de bloqueo, evitando el ingreso de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, e ignorando las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Azerbaiyán lanzó la ofensiva final expulsando a la totalidad de los armenios de Nagorno Karabaj, lugar que habitaron ininterrumpidamente por más de tres mil años. Hoy, además de ocupar y destruir no solo el patrimonio histórico sino también los hogares de cada uno de esos armenios, Azerbaiyán mantiene cautivos a decenas de rehenes, muchos de los cuales son sometidos a farsas judiciales mientras se los tortura y priva de cualquier contacto con sus familias u organizaciones humanitarias.

La lucha por el reconocimiento del genocidio armenio era, además de una búsqueda de justicia y reparación, la búsqueda de una garantía de no repetición. Resulta imposible comprender lo ocurrido en septiembre de 2023 en Nagorno Karabaj sin la impunidad de 1915.

Nuestro país también ha padecido prácticas genocidas en el siglo XX: planificación estatal de asesinatos, sustitución de identidades e intentos de negar y ocultar la verdad. Con avances y retrocesos ha logrado encauzar la lucha contra la impunidad, dentro y fuera de sus fronteras. Hoy, cuando esos avances son cuestionados, resulta imprescindible redoblar los esfuerzos.

La aparición de discursos negacionistas, el deterioro de las instituciones democráticas, la proliferación de discursos de odio desde las máximas autoridades del Estado argentino, e incluso el abandono de políticas históricas en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, como se pudo ver en las votaciones en la Asamblea de Naciones Unidas rechazando históricas resoluciones como la eliminación de la tortura y la declaración de la trata trasnatlántica como el más grave crimen de lesa humanidad, son ejemplos claros del avance de políticas negacionistas a las que se debe responder con una defensa inclaudicable de los derechos humanos que garantice una vida digna para todas las personas. Son muchos los crímenes que faltan reparar e incontables los que debemos prevenir. Que esta jornada sirva para reafirmar, o en el peor de los casos retomar, ese camino.